Por María Isabel Flórez.
La zona G de Bogotá, ubicada entre las calles 65 y 73, es de enorme
concurrencia por ser uno de los puntos gastronómicos más famosos de la capital,
pero así mismo es hoy un lugar de caos en movilidad, incumplimiento de normas
de patrimonio, abusode parqueaderos en calles y andenes, basuras en las vías, aparición de vendedores
ambulantes, indigentes, expendio de drogas y presencia de bares y usos de
antejardines sin autorizaciones legales.
Igualmente, este espacio impacta barrios como Emaus, Granada, Rosales,
Juan XXIII, Bosque Calderón, Chapinero alto y contiene tres quebradas llamadas
la Vieja, Rosales y las delicias, que se encuentran en un proyecto de
recuperación ambiental y tres corredores peatonales importantes como
son las carreras séptima, quinta y la
cuarta.
La zona ha sido noticia en los últimos días debido a que el alcalde local
de chapinero, Mauricio Jaramillo, se ha empeñado, en acuerdos con algunos
dueños de restaurantes, en desarrollar un proyecto de peatonalización con un costo de 3.600 millones de pesos para
beneficiar 20 restaurantes, de los 45 que existen, ubicados en la 69ª entre
carreras séptima y quinta y en la carrera sexta entre la 69ª y la setenta.
Por este motivo, la comunidad de residentes de la zona G organizados en
esta localidad, consideran que ese proyecto no beneficia la inversión urgente
que se requiere para arreglar vías, andenes, parques, iluminación, arborización
y demás necesidades urgentes del sector. Y que destinar esos recursos que son
el 60% del total de presupuesto que es de 5.970 millones, es algo irracional y
de beneficio particular, como lo expresan en un comunicado que han
divulgado a los medios titulado: “Las
mentiras del alcalde de chapinero sobre la intervención en la zona G”.
Cuando aparecieron las aclaraciones de los residentes en la prensa
manifestando su desacuerdo con lo planteado por el alcalde, con el respaldo de más de 200 firmas
de habitantes de la zona por las razones anteriores, Jaramillo, distribuyó un
folleto en el cual propone llevar a cabo peatonalizaciones temporales, un plan
de renovación urbana y una intervención integral que incluye el trabajo
conjunto de la administración con la ciudadanía, para lo cual tiene pensado
abrir una licitación durante el primer semestre de 2015.
Agrega Jaramillo, que se realizaron 5 reuniones con la comunidad para
establecer las problemáticas de vías y espacio público, derecho de
participación en los presupuestos locales, socialización en la JAL desde el
2013, más las reuniones en la personería distrital, que entre otras en la
última citación del martes 18 de noviembre, el alcalde no asistió y tampoco se
excusó, como lo manifiestan los representantes de la comunidad que estuvieron
cumplidamente.
Para los residentes, el alcalde disfraza con el nombre de “intervención
integral” el proyecto de peatonalización de las calles 69ª y 70, motivo por el
cual ha habido una fuerte oposición durante un año de audiencias públicas en la
personería distrital, ya que los residentes consideran que inevitablemente esto
agudiza los problemas de la zona, entre otros aspectos porque se volvería un corredor turístico,
aumentarían los barres ilegales que ya existen, se incrementaría la presencia
de ambulantes, de valet parking, de basuras, de ruido con la consecuencia inevitable de la huida hacia
otros barrios de los residentes del
sector.
Esto ya ha pasado en otras localidades
de la ciudad como en la zona Rosa, Usaquén, Teusaquillo y la Soledad, en
las cuales con el apoyo de la Corporación de Patrimonio, Corpopatrimonio, han
podido regresar a sus antiguas viviendas, como es el caso del Park Way, porque
dicha entidad con el apoyo del Instituto distrital de Patrimonio, lograron
frenar el uso y el abuso de la intromisión de establecimientos que degradaban
los distintos sectores mencionados e incumplían con las normas de barrios de
conservación.
Hoy en día, los más de 45 establecimientos de comida atraen un sinnúmero
de visitantes que invaden el sector de camionetas mal parqueadas, escoltas que
invaden calles y andenes, tiendas y cigarrerías que venden cerveza en las
noches, escándalos en horas de la madrugada de clientes de los bares
ilegales, entre otros factores, que
generan un detrimento que desvaloriza las casas y apartamentos de los
habitantes y que inevitablemente buscan
encontrar apoyo y respeto por las normas de parte de la alcaldía local y
de la distrital.
La mayor parte de estos barrios cuentan con casas que son consideradas patrimonio
arquitectónico y sin embargo las
fachadas, el cambio de uso de los antejardines y las adecuaciones para ser
restaurantes o bares, carecen de los permisos legales que debe expedir la oficina de patrimonio del distrito con el fin
de contribuir y respetar la conservación del barrio.
Mauricio Jaramillo levanta una cortina de humo, dicen los residentes
organizados, al plantear que será una asociación la que decidirá el manejo de los
bolardos en la zona en días específicos para que sea peatonal y que la
intervención corresponde a una renovación del sector. Así mismo, la comunidad
organizada argumenta que la renovación obedece a un plan parcial y que depende
de un decreto del Alcalde Mayor y que
hasta la fecha no se ha expedido y sin embargo,
sienten que el alcalde local ya asumió un compromiso con una minoría de
comerciantes que aboga por dicha peatonalización.
De una u otra manera, los proyectos que se adelanten tienen que contar
con la aprobación de planeación, de movilidad, el Instituto de patrimonio, el
DAEP y sobre todo de las decenas de firmas que se han recogido en el sector y
que respaldan el derecho de la comunidad a manifestar su desacuerdo con
argumentos técnicos y sociales por lo cual la personería ha considerado
que es fundamental el requerimiento al
alcalde para confrontar las dos posiciones y llegar a un acuerdo que beneficie
a la distintas partes que cohabitan en el sector.
Lo que sí parece que es determinante es la intervención de las
autoridades competentes para controlar el parqueo irregular sobre la carrera
quinta, la carrera cuarta, las calles 69ª y la 70, especialmente. El cargue y
descargue de furgonetas con alimentos, el abuso del valet parking apropiándose de
andenes y calles y la presencia de basuras en varios puntos de las vías
públicas con los deshechos de los restaurantes, entre otros factores.
Se hace imprescindible un estudio de movilidad que en su momento impidió
que se construyera un centro comercial en la famosa Villa Adelaida, que queda a
escasos metros del proyecto del alcalde Jaramillo y que implica el incremento
del flujo vehicular.
La comunidad no se opone a que la Zona G sea un punto importante
turístico, comercial y gastronómico, pero está en pie de lucha para lograr que
se respeten sus derechos como habitantes de estos barrios, ya que son
finalmente ellos los que, en el trajinar diario de los oficinistas, de los
trabajadores en los restaurantes, los encargados de parquear, los que manejan
los establecimientos comerciales, quedan en sus viviendas para poder disfrutar
de la calidad de vida que se merecen como moradores diurnos y nocturnos en esta
área de la capital.
Este es un espacio de participación de los ciudadanos. Las opiniones aquí registradas pertenecen a ellos y no reflejan la opinión de mequedoenbogota.org
